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Venezuela tiene uno de los peores entornos para la inclusión financiera

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11 diciembre, 2014 | 9:55 pm

Para las clases medias y altas el servicio financiero funciona eficientemente. La gran mayoría no tiene problemas para depositar dinero en el banco, abunda el crédito al consumo y existe una amplia gama de posibilidades para obtener capital de trabajo y emprender nuevos negocios. Por contraste, los estratos de bajos ingresos aún no están del todo integrados a la oferta bancaria y el país no cuenta con un entorno que impulse la inclusión.

Un número relevante de venezolanos desconoce lo que es depositar en un banco, no tiene tarjetas de débito o crédito y para obtener financiamiento recurre a prestamistas informales que le cobran tasas de interés astronómicas.

De acuerdo con el informe Microscopio Global 2014: Análisis del entorno para la inclusión financiera, elaborado con el apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), CAF Banco de Desarrollo de América Latina, el Centro para la Inclusión Financiera en Acción y Citi Microfinance, Venezuela cuenta con uno de los peores ambientes para integrar a la población que permanece al margen de la banca formal.

El estudio abarca 12 meses hasta agosto de 2014 y evalúa el panorama normativo de la inclusión financiera conforme a 12 indicadores, ajustados en función de la estabilidad política y los shocks financieros. Cada indicador recibe una calificación que permite asignar a cada uno de los 55 países analizados una puntuación entre 0 y 100 donde 100 es el mejor y 0 el peor.

El estudio le asigna a Venezuela 28 puntos y lo coloca en el puesto 49 de 55 países, solo por encima de Haití, Yemen, Egipto, Madagascar y el Congo. De hecho es el penúltimo país en la lista de naciones de América Latina.

Perú con 85 puntos encabeza la lista de países, seguido de Colombia, Filipinas, Chile, India, México, Bolivia, Pakistán, Camboya y Tanzania.

El estudio se centró en evaluar las condiciones de cada país en cuanto a apoyo del gobierno a la inclusión financiera, capacidad de regulación y supervisión, regulación prudencial, carteras de crédito, actividades de captación de depósitos, seguros dirigidos a poblaciones de bajos ingresos, supervisión de sucursales y agentes, requisitos para entidades de crédito no reguladas, pagos electrónicos, información crediticia, reglas de conducta de mercado, mecanismos de reclamación y operación de los mecanismos de resolución de controversias.

El diagnóstico

El Microscopio Global 2014 señala que “Venezuela no tiene una estrategia clara ni documentada para la inclusión financiera y tampoco ha compilado datos sobre la demanda y la oferta de productos financieros para las poblaciones de bajos ingresos”.

Según la Base de datos global de inclusión financiera (Global Findex) del Banco Mundial, 44% de los venezolanos adultos (mayores de 15 años) tenían una cuenta en una institución financiera formal, 33% del 40% de la población de menores recursos tenían cuentas formales y 2% de los adultos habían contratado un préstamo en una institución financiera.

“Los bancos del país han estado sujetos a una intensa regulación en aspectos que van desde topes a las tasas de interés a montos mínimos obligatorios en el otorgamiento de microcrédito. El número reducido de instituciones microfinancieras y la elevada concentración del mercado resulta en un debilitamiento de la competencia. Además, las organizaciones privadas de microcrédito deben competir con programas públicos subsidiados, los cuales ofrecen tasas de interés mucho más bajas que los programas de entidades privadas o sin fines de lucro”, dice el estudio.

Agrega que “el Gobierno congeló la expedición de nuevos permisos de operación bancaria, lo que restringe el acceso de nuevos bancos al mercado. Venezuela aplica reglas estrictas a la propiedad extranjera de empresas en el país, lo cual dificulta el establecimiento de ONG extranjeras el país para promover la inclusión financiera”.

“El Gobierno insiste en que 5% de las carteras de préstamos de todos los bancos deben destinarse a “provisiones para la comunidad”, y estos créditos suelen asignarse a compañías o particulares que habían estado financieramente excluidos. Todavía no existe regulación para microseguros ni para banca móvil”, dice el estudio.

Además indica que “el deficiente contexto económico -una inflación superior al 50% y la previsión de que la economía se contraerá 2% este año- ha impuesto muchas dificultades para abrir una pequeña empresa que podría ser apta para el microcrédito”.

Finalmente el estudio señala que “durante los últimos años, el Gobierno se ha concentrado más en ayudar a los pobres mediante varios programas sociales y menos en promover un entorno propicio para la inclusión financiera, en que podría participar el sector privado. El Gobierno se muestra renuente a involucrar al sector privado en metas importantes, como el alivio de la pobreza o la inclusión financiera”.

Puntos a favor

En términos generales la situación es negativa pero el estudio detecta elementos positivos y explica que si bien “las acciones del gobierno para promover la educación financiera son un tanto limitadas, algunos bancos privados sí lo están haciendo y, en la práctica, están contribuyendo a la transparencia en el mercado”.

“Además, si bien en Venezuela la normativa sobre dinero almacenado electrónicamente es reciente, se utilizan ampliamente teléfonos celulares e inteligentes y las instituciones financieras están estudiando maneras para proporcionar servicios electrónicos o virtuales para almacenar dinero o hacer transferencias. Tarde o temprano, esto presionará a las autoridades a introducir reglas que amparen estos tipos de transacciones”, añade.

Otro factor a tomar en cuenta es que “entre los mecanismos de protección al consumidor en Venezuela existe un ombudsman (mediador) que se ocupa de atender las quejas de los consumidores, un sistema nacional de seguro de depósitos y un relativo respeto al derecho a la privacidad en lo relacionado a los datos que hacen parte del registro de crédito público”.

“Además, todos los bancos deben reportar las tasas de interés, las comisiones y los derechos, y exhibir los derechos y responsabilidades del consumidor en lenguaje sencillo y en formato estandarizado para concientizar a los consumidores”, agrega.

La idea de entregar créditos de bajo monto a personas y pequeñas empresas con capacidad para generar riqueza, pero excluidas de los servicios financieros y en brazos de usureros que llegan a exigir tasas de hasta 800% anual, recibió impulso con la norma que en 2004 obligó a los bancos a dirigir a estos sectores, como mínimo, 3 de cada 100 bolívares otorgados en préstamos.

Al poco tiempo, se permitió la creación de bancos de desarrollo, enfocados exclusivamente a las microfinanzas, mientras que el Estado ya contaba con entidades como los bancos del Pueblo y la Mujer.

Víctor Salmerón