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7 abril, 2017 | 12:20 am

¡ZAPATERO FUERA! Fueron gritos que se oyeron en un sector de la marcha opositora del 1° de abril, en Chacaíto. Una curiosa pancarta mostraba la cara de un payaso. Sin identificarlo, se leía en la parte superior “¡Fuera!”. Ese mismo día, Capriles declaraba en el diario El País de Madrid, que el mediador estaba descalificado para promover el diálogo. “Con este caballero ni a misa”, insinuó el gobernador de Miranda. Una versión publicada en esta misma columna la semana pasada, advertía sobre las gestiones que al margen del diálogo realizaba el expresidente español en favor de la empresa Agroisleña. Otro mediador ha sido mencionado en la amistad con un directivo de una empresa que vende medicinas a Venezuela desde Dominicana y el tercero, parece que se mueve por los CLAP. LA SENTENCIA. En el propio chavismo se profundizó la brecha tras conocerse la sentencia firmada por todos los magistrados. Alguien comentó en broma, que hubiera ocurrido en países como Irán, donde hay pena de muerte y palizas. Muy difícil reivindicar a los sentenciados. PRESOS. Las órdenes de detención, hasta hoy no explicadas y menos justificadas por sus ejecutores, habrían sido consecuencia de un supuesto atentado, no sé contra quién. Lo que afirman mis informantes es que en la autopista Caracas – La Guaira hace tres semanas, apareció un carro-bomba. Nadie dijo cómo y qué ocurrió después, pero sí que ese mismo día comenzaron las detenciones de civiles y militares. Cualquier gobierno en el mundo o sus policías, tienen la responsable obligación de comunicar al país por qué estas medidas. Hasta hoy sólo se sabe de unos oficiales de la Armada, algunos del Ejército y varios civiles. El presidente de Copei, Roberto Enríquez, está refugiado en la Embajada de Chile y el Canciller de ese país ha dicho que tiene garantizado el asilo. Que me perdonen los inteligentes investigadores, pero yo no veo a este dirigente metido en ninguna conspiración o en atentados. La ideología de la buena democracia es la oportuna información. ODEBRECHT. Me escribe un lector y aclara que El Troudi no era ministro para la época y “tampoco se ha ido del país”, como denunciaron en esta columna. LA ORDEN. Según el bien enterado Hernán Lugo – Galicia, la decisión para anular la Asamblea vino del llamado grupo radical del PSUV. En esta misma página incluí la semana pasada mi informe, sobre lo que según me había comentado un dirigente, serían los planes sobre el futuro de los parlamentarios. La decisión estaría prevista para 2018. El TSJ prefirió anticiparse. La opinión internacional se desbordó y no hubo medio, salvo los de Cuba, que no denunciaran lo que consideraron en sus titulares un autogolpe. En el oficialismo hubo importantes dirigentes que se opusieron a la sentencia. Cabello había dado “su primicia” en el Mazo. Creo que se equivocaron de bola a bola. Jaua y diputados como Ortega y Julio Chávez, estuvieron del lado opuesto a la disolución de la Asamblea. Como dirían entre sus compatriotas, “La AN vive”. Lo que se imaginan sigue. Ahora lo que viene es un empeño para un entendimiento. Lo sugirió Julio Borges en un programa con Carlos Croes. Pero el presidente de la AN también debe enfrentarse con los radicales, entre estos el veterano Ramos Allup, a quien la Guardia, según denunció en su Twitter el sábado, intentó detenerlo en la vía Valencia-Morón. El jefe adeco se fajó con los militares y encontró respaldo de personas que a esa hora transitaban por el lugar. Los guardias dicen que Ramos “estaba muy agresivo cuando le ordenaron bajarse del auto”. Yo pregunto. ¿Es que acaso Ramos es algún desconocido? Creo que hay otros problemas más preocupantes para los venezolanos, que estos sacudones con políticos. “Paciencia piojo, que la noche es larga”, decía mi adorable suegra. LA ORDEN. La democracia es, por ideología, libertad. Y esta se expresa en tolerancia y respeto a los derechos fundamentales del ciudadano, escrito en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de tener opiniones sin injerencia y de buscar, recibir e impartir información e ideas, sin interferencia por parte de las autoridades públicas y sin importar frontera. Las limitaciones y las normas para el respeto a la dignidad humana, está prevista en la ley. Y esto es válido para todos los ciudadanos, sin distingos políticos. Maduro ha dicho que ha resuelto la controversia de poderes provocada por la sentencia del TSJ y la denuncia de la Fiscal sobre la inconstitucionalidad de la decisión. La pregunta que debemos hacer no es precisamente si la invitación de la Fiscal a Miraflores puso fin al conflicto, sino cómo devino esa advertencia de la doctora Ortega. No es un secreto que desde hace tiempo la Fiscal había sido expuesta a una situación de irrespeto a sus decisiones que el Ejecutivo ignoraba a la hora de hacerlas cumplir, cuando se trataba de la libertad de los detenidos por la policía de Inteligencia, y desde el alto gobierno se llegó al extremo de exigir a la jefa del Ministerio Público, pasar por encima de la ley contra el derecho de algunos opositores. La Fiscal encontró en la sentencia del TSJ, la gran oportunidad de poner las cosas en su sitio. Y hoy ha conseguido la credibilidad que deben tener instituciones del Estado. Julio Borges lanzó desde el programa Diálogo Con…, con Carlos Croes, su reconocimiento a la doctora Ortega. “Así es que se gobierna”, insinuó el opositor. LO DICE EL HERALD. El ex ministro de Alimentación de Venezuela, Hebert García Plaza, quien se separó del cargo por diferencias con el régimen de Nicolás Maduro, advierte que el chavismo se encuentra inmerso en un proceso de radicalización y que su ala procastrista aboga a favor de dejar de lado las elecciones. “Ellos están preparados para decretar el Estado de Excepción y piensan usar la ofensiva internacional que se viene para justificar la medida, diciendo que Venezuela está siendo agredida”, dijo García Plaza, quien renunció (por escrito) en agosto de 2014, al oponerse a planes de reorientar el suministro de comida para favorecer a los sectores chavistas. FISCALÍA. Con carácter de urgencia, dos fiscales del Ministerio Público solicitaron a medios de comunicación, los registros fotográficos y videos de la manifestación ocurrida en la Plaza Morelos, frente a la Defensoría del Pueblo. Los funcionarios fueron comisionados para la investigación penal, por presuntos delitos contra las personas, el 3 de este mes. CRÉALO SI QUIERE. Gentry Beach y Wallis Habboush, dos personajes vinculados a Trump, se reunieron con oficiales del Consejo Nacional de Seguridad en Washington para abogar en favor de Venezuela y así evitar sanciones al país y a venezolanos con problemas. La gente de Trump advirtió que no han autorizado esas gestiones, según asegura el portal web The Hill. CLAP. Luz Anzola Morales, coordinadora de colectivos de Consejo del Niño en Aragua, fue condenada a 4 años de cárcel por simular el robo de 2 millones de bolívares destinados a los CLAP.