Quinto Día Online

Hildegard Rondón de Sansó

Una publicación que me ha impactado enormemente es la de un portal denominado CNA -Citizen News Agency-, divulgada a raíz de la sentencia sobre el derecho al olvido, del tribunal de la Unión Europea. El texto, en cuestión, dice: “El derecho al olvido debería aplicarse en Venezuela”. Así se denomina el artículo, indicándose en el mismo que “en Venezuela, se ha convertido en práctica común la destrucción moral de personas mediante la inserción en los buscadores de internet, de material difamatorio sobre ellas”. Agrega que “el perverso mecanismo usado para la extorsión y la descalificación de enemigos y opositores políticos, comerciales y personales causa grandes lesiones en la vida del afectado, desde el crédito bancario, hasta la pérdida de oportunidades de trabajo y realización de negocios, pasando por el desprecio de la sociedad”.

Se indica igualmente que los extorsionadores crean portales de internet que contienen informaciones ad hoc y que, recogidas por buscadores como Google y Yahoo, tienden a perpetuarse en los archivos virtuales de las personas que han sido objeto de este tipo de ataques. Cuando se alude a los extorsionistas, incluimos en la noción a los que operan materialmente, que son los sicarios, detrás de los cuales están los autores intelectuales que no quieren dejar sus huellas en el cuerpo del delito. Generalmente este intento es inútil porque el autor intelectual siempre será reconocido como tal, ya que sus oscuras maniobras son ese tipo de actuaciones que están marcadas con su nombre, su título y su cargo.

El hecho es que Venezuela detenta el plano protagónico de la actividad difamatoria que se realiza a través de los medios. Estos últimos son la vía para acallar a todo aquel “que no esté de acuerdo conmigo”. Basta con que alguien se ponga en el camino del extorsionador y opinar en forma diferente a su soberano criterio, para que el mismo se sienta en el derecho, -sobre todo, si tiene poder para hacerlo-, cualquiera que el mismo sea y, si es poder político- mediático, para difamar públicamente a su víctima. Las imputaciones que mejor operan en esta materia son las relativas a la denuncia de corrupción administrativa, y la imputación de que existe una secreta actividad de lavado de dinero o de narcotráfico, o de ambas cosas. Las noticias con las cuales se opera en contra de las personas son hoy en día el gran teatro para escandalizar y, al mismo tiempo, adormecer la opinión pública, alejándola de las constataciones objetivas de la ausencia en nuestra vida diaria y; de la cobertura de necesidades esenciales (seguridad, medicinas y alimentos).

Lo que no entendemos es cómo el venezolano, que tradicionalmente hablaba con respeto de las personas y de las cosas que lo rodeaban, manteniendo así un cordial equilibrio social, de buenas a primeras se convierte en espectador atónito de imputaciones absurdas, que no es posible considerar que sean auténticas, apenas se analiza la personalidad del imputado. Resulta evidente que las imputaciones provienen de una fábrica secreta de calumnias y de maledicencias, que funciona para mantener a la población en permanente estado de prevención. Mientras más temeraria sea la imputación, mayor será el escándalo y mayor será el daño que se produzca. La imputación equivale a una condenatoria previa sin pruebas, sin apelación y sin indemnización alguna. Esta es la fórmula perfecta para linchar sin armas físicas al enemigo: decretar su destrucción moral en un medio que se caracteriza por su extensa divulgación.