Quinto Día Online

Lo dice la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, porque advierte que la justicia es para todos

Quienes se han ido del país por los mismos motivos, deben seguir el comportamiento de Manuel Rosales

Regresen y se les respetarán sus derechos

¿Cómo van a cuidar los votos en diciembre, le pregunta Carlos Croes a la Fiscal General? ¿Hay civiles y militares enjuiciado por el contrabando? ¿Respetan los derechos humanos?

La doctora Luisa Ortega Díaz, responde así en el Programa “Diálogo con…”, por Televen.

-El Ministerio Público cada vez que hay una elección tiene un plan operativo. Este plan operativo consiste en una preparación previa y una ejecución durante el proceso electoral. Toda esta preparación nosotros la articulamos con el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano rector en la materia y con el Comando Estratégico Operacional. El Ministerio Público tiene pensado actuar con más de 3 mil funcionarios, entre ellos, 2.200 fiscales principales y auxiliares.

-Hablando de Derechos Humanos, ¿Qué hace la Fiscalía por la corrupción?

-Sí, así lo dice la Constitución, que eso es un derecho humano también, que los bienes del Patrimonio Público cumplan su función, que es el beneficio social. El Ministerio Público, por supuesto, viene actuando decididamente, fuertemente en el tema para atacar la corrupción. Aquí yo tengo unas cifras que te las voy a dar, en lo que va de año nosotros hemos presentado 1.851 acusaciones, hemos realizado 2.502 imputaciones y además, han ingresado al Ministerio Público 5.274 causas en lo que va de año. En corrupción y un organismo tan serio y tan importante para el planeta como es la Organización de las Naciones Unidas, también ha permeado este tema de la corrupción.

-Por cierto, que vi en un periódico americano hablando de Derechos Humanos, una declaración del abogado del hijo de Baduel, que decía que lo habían golpeado, que lo habían atropellado en las cárceles, ¿Ustedes han investigado eso?

-Sí, cualquier denuncia en materia o que se presuma la violación de los Derechos Humanos, inmediatamente nosotros lo investigamos.

-Estaba leyendo que Miguel Henrique Otero ha dicho que la persecución es tal, que le dictaron una orden privativa de libertad en ausencia, que lo lleven a la fuerza al Tribunal, ¿Eso es verdad, que saben ustedes de eso?

-En el caso que nos ocupa de este ciudadano, no se ha solicitado ninguna medida privativa de libertad por ningún delito de acción pública. El Ministerio Público es el titular de la acción penal, y es el que investiga los delitos de acción pública.

-¿Hasta cuándo en ese caso?

-No está actuando, y además que preguntamos y no se le ha solicitado ninguna privativa de libertad.

-El caso Rosales, que anuncian que vendría por ahí, ¿También se le garantizan sus Derechos Humanos?

-Claro, este es su país, Venezuela es su país.

-¿Pero él sí tiene privativa de libertad?

-Él tiene una orden de captura, no se ha privado porque si llega se le privará de libertad.

-¿Pero está imputado?

-No, él se sustrajo de la justicia, por eso se le pidió la privativa de libertad, pero te decía que él es un venezolano, este es su país, se le respetarán todos sus derechos, si es verdad que viene y me parece muy bien que venga y que le haga frente a la justicia. Ese es el comportamiento que deben tener todas las personas. Y, bueno, si viene se le garantizarán todos sus derechos, pero será aprehendido inmediatamente que llegue al país.

-Leí también un informe de afuera donde decían que Venezuela y Colombia eran centros de lavado de dólares o tránsito para ir a los Estados Unidos o a otros países del mundo, ¿Ustedes tienen participación en una investigación de este caso?

-Nosotros tenemos una dirección contra la legitimación de capitales, a tal punto que si hay legitimación de capitales que nosotros tenemos una dirección y unos fiscales especializados en la materia.

-¿La Fiscalía como tal participa en la investigación sobre las denuncias de Colombia de maltrato a sus conciudadanos, y sobre el contrabando de Colombia hacia acá?

-No, mira, los hechos que ocurren en Colombia no puede investigarlos Venezuela porque es lo que se llama la jurisdicción, ahí cobra vigencia el tema de la jurisdicción territorial.

-Pero en el caso concreto de las denuncias que hicieron de allá para acá, que hizo el mismo Santos, que habían atropellado a ciudadanos que deportaron.

-Fue una denuncia mediática, fue una denuncia a través de los medios de comunicación. Nosotros recibimos dos denuncias, ya lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a repetir, recibimos dos denuncias, una formulada por la cónsul de Colombia que está en Táchira, pero que era una denuncia muy general. Nosotros le mandamos una comunicación solicitándole que explicara.

-Por cierto, aquí dice, que dice una fiscal, seguimos fortaleciendo la investigación sobre tráfico de armas y explosivos, ¿Esto tiene que ver con las granadas?

-Claro, con las granadas y las armas con que se cometen algunos delitos, porque no solamente investigamos el hecho, el delito en sí, sino también cómo algunas personas se han hecho de algunos instrumentos de guerra, porque las granadas, armas largas, fusiles, indudablemente son armas que no deben tener los particulares, sino que pertenecen a los cuerpos de seguridad del Estado.

-Usted decía que iba a hablar de Derechos Humanos, que había mucho de que hablar, ¿Qué tiene que hablar?

-Nosotros somos un país respetuoso de los Derechos Humanos. Ahora te voy a hablar el Estado en general, y te voy a hablar del Ministerio Público. Nosotros tenemos una convicción, o sea, es un problema de convencimiento de que tenemos la obligación de respetar los Derechos Humanos, además que la Constitución lo exige, el 285, el numeral 1 dice: Una de las exigencias o de las atribuciones del Ministerio Público es el respeto a los Derechos Humanos, el juicio previo, el debido proceso, que son partes de los Derechos Humanos. Hemos creado toda una plataforma, una estructura para garantizar la efectividad de estos derechos humanos, no solamente a través de investigaciones mediante la dirección o a través de la Dirección de Derechos Fundamentales, con fiscales especializados que se trasladan a los centros penitenciarios, que constatan la situación de las personas que denuncian una vulneración de los Derechos Humanos, la atención directa a la víctima, tenemos una Coordinación de Protección a las Víctimas, donde se les dan medidas de protección inmediata, tenemos centros de abrigos para proteger a las víctimas, incluso, un fondo que fue creado para eso, para garantizarles la seguridad a las víctimas.

-Adónde tiene que ir una persona que se considere vulnerada en sus derechos humanos o que su vida esté en peligro.

-Nosotros tenemos una línea que es 0800-fisca-00. También tenemos las distintas Fiscalías Superiores de los Estados donde el propio Fiscal Superior puede atender a la persona, y también tenemos la coordinación de Protección de Víctimas y Testigos, eso está ubicado la sede principal en la Avenida Urdaneta, diagonal a la sede de Ánimas, o sea, en la Esquina de Ánimas, frente a una de las sedes principales de aquí, en Caracas. También nosotros tenemos los propios directores y el propio despacho de la Fiscal General, nuestro teléfono del despacho (0212) 509.8134, gustosamente nosotros atendemos a las personas, y resguardamos la identidad de las personas.

-¿El bachaqueo es delito?

-Bueno, es que lo llaman popularmente bachaqueo, pero eso es vender, reventa prohibida, que a la luz de una Ley de Protección al Consumidor está tipificado como delito, entonces lo que pasa es que lo llaman bachaqueo, así como de pronto llaman aguantador, algún delito. Nosotros tenemos hasta la fecha 5.395 personas que han sido detenidas.

-¿5.395 han sido detenidas?

-Han sido detenidas, de las cuales 1.974 están con privativa de libertad, 3.079 con medidas cautelares de las que se detuvieron a 3.350 se les dio libertad plena y se han presentado 967 acusaciones. 967 acusaciones algunas veces son, incluyen dos, tres y cuatro personas, pero en total este es el balance que tenemos durante este año.

-Aquí se habla de retardos procesales, ¿Qué dice la Fiscal?

-El retardo procesal, sí. Indudablemente existe retardo procesal y se está atacando, por allí hay una propuesta que hemos venido trabajando conjuntamente con los demás integrantes del sistema de justicia penal, el Poder Judicial, el Ministerio Penitenciario, Relaciones Interiores, Justicia y Paz y tenemos ya, incluso, una resolución que vamos a sacar en los próximos días sobre la agenda única y una serie de actividades que en los próximos días vamos a dar información sobre eso, no solamente para atacar el retardo procesal, sino avanzar para dar respuestas en todo el sistema de justicia penal.

-¿Ustedes han enjuiciado a funcionarios policiales o militares a propósito de esto del bachaqueo y del contrabando?

-No tengo las cifras pero allí es para todos, la justicia es para todos. Y también en materia de Derechos Humanos nosotros hemos enjuiciado a funcionarios policiales, claro, que eso fundamentalmente los derechos humanos la vulneración de derechos humanos se le atribuye al Estado. Recientemente acusamos a 8 policías de Aragua por homicidio calificado, por motivos fútiles, por motivos innobles y con alevosía y están privados de libertad, ahí hay un tema también de violación a los Derechos Humanos y nosotros tenemos un compromiso serio con el país, con los venezolanos en este tema que es tan sensible y vulnerable y que lamentablemente, no reconocen el trabajo que hace el Estado venezolano. Tú puedes hacer muchísimas cosas buenas, puedes trabajar en función de los Derechos Humanos, puedes trabajar en función de erradicar la corrupción, pero nunca va a haber un reconocimiento para el Estado, y especialmente, el ataque que se hace a nivel internacional al Estado venezolano, es un ataque feroz.

Oliver Parra