Compareció ante la Asamblea Nacional el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani con el objeto de presentar el proyecto de Ley de Presupuesto correspondiente a 2013. Antes hizo un balance de lo acontecido en 2012 y dibujó un país que solamente está en su imaginación de planificador. No tiene contacto con la realidad el ministro Giordani.  El presupuesto de una nación es el principal instrumento de la política económica, entendida ésta como la acción del Estado en una economía con el objeto de alcanzar determinados objetivos. En el presupuesto están contendidas las principales acciones en lo relativo a ingresos, gastos y financiamiento. La ley de presupuesto en Venezuela ha perdido su utilidad como herramienta para analizar la economía en la medida en que existe una subestimación de los ingresos y de los gastos. Así, por ejemplo, en 2012 se estimó que el gobierno gastaría Bs. 297 millardos y terminó erogando Bs. 525. millardos, es decir, el gobierno gastó 77% mas que el monto presupuestado. Ello desnaturaliza totalmente la política presupuestaria. Otra aberración de la práctica fiscal reciente en Venezuela consiste en subestimar el precio del petróleo, el cual para 2012 fue estimado en US$ 50 por barril y se espera que cierre en US$ 110 por barril.

Esta subestimación no se hace por simple precaución o por ser conservadores. El propósito es malicioso. La Constitución establece que el situado constitucional se estima con base en un 20% de los ingresos ordinarios y éstos a su vez se calculan según lo contemplado en la Ley de Presupuesto. Es decir, al preverse en US$ 50 por barril el precio del petróleo, esa cotización es la base de cálculo de los ingresos ordinarios y del situado constitucional. La realidad es que el precio del petróleo ha estado en los últimos dos años sobre US$ 100 por barril, lo que se ha traducido en menos ingresos para las gobernaciones y alcaldías. Con el excedente formado entre el precio del petróleo presupuestado y el real, se forma una especie de presupuesto paralelo que maneja discrecionalmente el presidente de la República. Esos ingresos van a una serie de fondos que no tiene reglamentación ni mucho menos son auditados. Es decir, en Venezuela hay dos presupuestos: uno formal que se presenta ante la Asamblea Nacional para cumplir con el ritual de la ley y otro paralelo que se ejecuta sin ningún tipo de control. En ninguna democracia civilizada  se le otorga este poder al presidente de la República para que gaste semejante monto de dinero sin rendir cuentas.

En el presupuesto de 2013 hay dos premisas que son muy cuestionables. En primer lugar, que el precio del petróleo estará en US$ 55 por barril y que no habrá de devaluación del tipo de cambio oficial. Claramente, todos los informes de los entes especializados sugieren que el precio del petróleo, salvo un imponderable, estará cercano a los niveles de 2012, vale decir, entorno a US$ 100 por barril. Ello implica que seguirá la perniciosa práctica de esconder ingresos para continuar el desmontaje de las gobernaciones y alcaldías y favorecer el Estado comunal. En lo relativo al tipo de cambio es claro que algún ajuste habrá que hacer, formal o informalmente. La economía no aguanta seguir con un tipo de cambio artificial como el de Bs 4,30 por US$. El gobierno va a tener que devaluar bien sea moviendo esa cotización o traspasando rubros importados al mercado SITME donde el dólar cuesta Bs 5,30, es decir 25% más caro. Como al gobierno no le gusta llamar las cosas por su nombre a esa devaluación la llamará ajuste, adecuación, corrección cambiaria o cualquier otro sinónimo que pueda encontrar.

Dos datos del presupuesto que no pueden obviarse. El primero es que sigue el festival de deuda. Se contempla autorizar al gobierno a emitir US$ 27.000 millones adicionales en nuevo endeudamiento. Esto está representando una pesada carga para las finanzas públicas nacionales, al punto que para 2013 se estima que Venezuela deberá pagar 20% del gasto presupuestado en servicio de la deuda. Ello equivale a US$ 18.000 millones, mucho más de lo que se gasta en salud y educación. El ajuste de la economía viene inevitablemente porque no se puede seguir financiando un ritmo de gasto suicida como ocurrió en 2012.