Apoyado por este gran medio democrático, me dirijo a la ciudadana Ministra del Poder Popular para el Trabajo, al Presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), al Presidente de la empresa PDV Marina y a cualquier ente del Estado que tenga alguna responsabilidad en mi caso. Soy empleado de la empresa Dique y Astilleros Venezolanos, C. A. (DIANCA), empresa del Estado venezolano, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, como accionista mayoritario a través de PDVSA. Comencé a trabajar en la empresa el 1ro. de julio de 2001, cumpliendo labores de jefe de proyectos donde permanecí hasta el 4 de diciembre de 2009, fecha en la que fui injusta e ilegalmente despedido, por cuanto se estaba discutiendo el contrato colectivo y, además, no estaba incurso en ninguna de las causales de la Ley. Esto se ejecutó por instrucciones directas del presidente de la empresa, simplemente alegando que y soy directivo de la empresa y por los estatutos puedo ser objeto de despido cuando éste lo decida. Esta situación no es cierta y no la acepté y, por tanto, el 31 de diciembre de 2009 inicié el trámite del procedimiento de reenganche correspondiente por ante la Inspectoría del Trabajo del Distrito Puerto Cabello y Mora, actualmente a cargo de la Dra. Judith Mocó Leiva, donde quedó registrada en el expediente con el número 2009- 00854. Fuimos convocadas las partes para el fuero el 1ro. de febrero de 2010, donde el patrono no admitió mi petición de reenganche y solicitud de salarios caídos. A partir de este momento la Inspectora del Trabajo, Dra. Judith Mocó Leiva tenía un plazo, según la ley, de diez (10) días que culminaba el 12 de febrero de 2010 para emitir providencia. Sin embargo, no ha sido así, ya que han transcurrido 24 meses y aún no ha habido un pronunciamiento por parte de esta funcionaria. Cabe destacar, que este servidor ha ratificado la solicitud de la providencia correspondiente a la Dra. Judith Mocó Leiva poco más de treinta (30) oportunidades, asistiendo a su oficina donde he sido atendido personalmente por ella, pero el resultado final es que no ha habido algún pronunciamiento, ya sea a favor o en contra, pero decisión al fin. Vista esta desatención, le he solicitado, por escrito, la providencia y así evitar que c Por las razones antes descritas, el 29 de abril de 2011, me dirigí a la Coordinación Laboral del estado Carabobo, como órgano superior de las inspectorías del estado, a cargo de la Dra. María Teresa Prieto y le planteé mi caso y muy amablemente, también, me prometió que la semana siguiente recibirá el tan esperando pronunciamiento. Sin embargo, pasaron tres semanas y no hubo solución, por lo que acudí nuevamente a la coordinación del estado y recibí la misma promesa anterior. Así he estado en todo este tiempo con promesas, pero sin decisión que no importa cual sea, pero que se pronuncie y así me permitan salir de esta situación de desamparo del Estado. El 13 de julio de 2010, asistí nuevamente a la coordinación del estado Carabobo y la Dra. Pietro no me atendió y delegó el acto a la Dra. Mery Ollarves, quien debió solicitar mi expediente a la Inspectoría de Puerto Cabello. Luego de dos semanas me dio como información que el caso estaba aclarado y definido, pero la decisión final era de la Inspectora de Puerto Cabello. Lo resaltante, es que han transcurrido 24 meses que dan cuenta de un brutal retardo procesal cometido por parte de la Dra. Judith Mocó Leiva, por omisión del atropello sañoso cometido por el presidente de DIANCA en contra de mi persona, quien de manera ligera y sin motivo alguno ha violado mis derechos laborales. Todo esto, desdice mucho del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo que se ha convertido en cómplice del patrón que me atropella y que pasa por alto que a mis 63 años se me hace muy cuesta arriba encontrar un nuevo empleo. Estoy convencido de que el Estado patrono recurre a los mismos mecanismos de desgaste de las empresas capitalistas para hacerme renunciar a mis derechos como ciudadano y como trabajador, sirviéndose de los organismos del Estado. Suena así como si estuviera siendo cercado por una empresa del más salvaje capitalismo, que desgasta a sus víctimas para obligarlos a aceptar la miseria que ellos le quieren dar so pena de morir de hambre. Entonces, le pregunto a la ciudadana Ministra del Poder Popular para el Trabajo, al Presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y al Presidente de la empresa PDV Marina, ¿hasta dónde debo recurrir para solucionar este atropello en contra de mis derechos humanos?